Jurisprudencia

Jurisprundencia | El bar debe retirar el extractor de humos de la azotea por causar molestias.

Posted by on Jun 21, 2016 in Jurisprudencia |
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  El bar debe retirar el extractor de humos de la azotea por causar molestias. En este caso, la propietaria de un bar fue condenada en primera instancia a retirar la salida de humos situada en la azotea del edificio. La propietaria apeló argumentando que tenía autorización de la comunidad de propietarios concedida en una junta anterior. La Audiencia Provincial, a la vista de los términos de dicho acuerdo y de las circunstancias concretas del caso, confirmó la sentencia de instancia. Sentencia Audiencia Provincial de Baleares, 02-04-2014 (Extracto) Sin embargo, este tribunal entiende que el acuerdo comunitario trascrito no concedía autorización a la copropietaria interesada a instalar un extractor en cualquier lugar de la azotea sino únicamente en aquel punto en que «sea legal y no moleste a ningún vecino». El primero de los requisitos -la legalidad de la instalación-, podría entenderse cumplido administrativamente por la inexistencia de licencia municipal y por la circunstancia de que las denuncias interpuestas ante el Ayuntamiento no han prosperado. En cambio, la concurrencia del segundo de los requisitos a los que se supeditaba la autorización – ausencia de molestias a los vecinos- no se ha acreditado. Así, en el acta de 17 de noviembre de 2010, en el punto 8 relativo a «ruegos y preguntas», se consigna lo siguiente: «los vecinos comentan las molestias que les provoca el olor a fritos y a comidas que suben de los bares de abajo por las chimeneas de salidas de humos, piden que se revisen dichas instalaciones»; y que «varios asistentes preguntan cuando doña Carmela propietaria del bar Can Pas quitará el extractor de humos instalado sin ningún permiso en la zona comunitaria de la terraza de la comunidad ya que el ruido que provoca dicho elemento les molesta».  Requisitos para el éxito de la acción de cesación de actividades molestas en comunidades de propietarios. Las quejas sobre actividades molestas en comunidades de propietarios son un asunto frecuente. El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece la prohibición, entre otras, de llevar a cabo actividades molestas disponiendo además los requisitos de procedibilidad para llevar a cabo la acción de cesación de tales actividades. Además, para que la acción de cesación de actividades molestas tenga éxito judicialmente se necesitan ciertos requisitos como recuerda la Audiencia Provincial de Albacete en sentencia de febrero de 2014. Sentencia Audiencia Provincial de Albacete, 19-02-2014 (Extracto) (…) acreditan la concurrencia de los requisitos para calificar la conducta de los demandados como altamente molesta, concurriendo todos los requisitos que la jurisprudencia exige para el éxito de la acción de cesación: 1) que sé de una actividad, lo que supone cierta continuidad o permanencia de la realización de actos singulares (STS 22 diciembre 1970); 2) que la actividad sea incómoda, es decir, molesta para terceras personas que habiten o hayan de permanecer en algún lugar del inmueble en el que se desarrolle la actividad (SSTS 8 abril de 1965, 18 enero 1961 y 30 abril 1966), esto es, que exista un sujeto pasivo determinado al que la actividad incómoda pueda afectar, siendo éste las personas que habitan o hayan de permanecer en la misma finca y no personas indeterminadas o inconcretas (SSTS 7 octubre 1964 – y 10 abril 1967); y 3) que la molestia sea notoria y ostensible, esto es, no basta una pequeña dificultad o trastorno, sino que se exige una dosis de gravedad, una afectación de entidad a la pacifica convivencia jurídica lo que obliga a una ponderación de cada caso concreto (STS 8 abril 1965), teniendo sentado el Tribunal Supremo que la base de la notoriedad está constituida...

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Jurisprundencia | Privación de uso de la vivienda por un año por malos olores debidos a gatos.

Posted by on Jun 21, 2016 in Jurisprudencia |
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Privación de uso de la vivienda por un año por malos olores debidos a gatos. Establece el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal que al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Este mismo artículo, en su último párrafo, dispone que si presentada demanda por la comunidad de propietarios la sentencia fuera estimatoria, podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años. En este caso la comunidad de propietarios demandó a una propietaria debido a los malos olores provocados por la tenencia de gatos. Condenada en primera instancia, la propietaria apeló argumentando que «no se ha acreditado la realización de actividad insalubre alguna, que la medida de expulsión es desproporcionada y que bastaría, lo cual solicita subsidiariamente, con que se le prohibiera tener gatos en su domicilio». Sentencia Audiencia Provincial de Pontevedra, 30-04-2015 (Extracto) Luego, entiende el Tribunal que nos hallamos ante una medida, la expulsión durante dos años, proporcionada a las circunstancias del caso, que como vemos es reincidente, y no encontramos que la mera prohibición de tener gatos u otro tipo de animales sea suficiente. Así pues, esta Sala no puede sino compartir el razonamiento de la sentencia recurrida y estimar adecuado el tiempo de un año de privación del uso de la vivienda establecido en la misma pues la demandada viene realizando los actos molestos, verdadero abuso del derecho de propiedad , desde la ocupación de su vivienda en junio de 2012, incluso después de la interposición de la demanda y a pesar de las advertencias que les han sido hechas, lo que supone una manifiesta resistencia al cumplimiento de las reglas habituales que rigen las relaciones sociales y la convivencia de diferentes vecinos en un edificio, que exige la privación temporal del uso de la vivienda en que se realizan las actividades molestas con una cierta duración, con el fin de pueda reconducirse la situación a los límites normales. Demanda por malos olores: La comunidad ha cumplido los requisitos de viabilidad de la acción de cesación. En este caso la comunidad de propietarios demandó a una propietaria debido los malos olores procedentes de su vivienda. Condenada en primera instancia, la propietaria apeló argumentando, entre otras circunstancias, que no se habían seguido los requisitos de viabilidad para el ejercicio de la acción de cesación previstos en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, en particular que primero se celebró la junta de propietarios y a continuación se le hizo el requerimiento de cese. Sentencia Audiencia Provincial de Pontevedra, 30-04-2015 (Extracto) SEGUNDO.- De los requisitos de viabilidad de la acción de cesación.- Ciertamente el art. 7. 2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece dos requisitos de procedibilidad para el ejercicio de la acción de cesación, sin cuya concurrencia no puede ser deducida. En primer lugar, un requerimiento de inmediata cesación de la actividad bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales hecho por el Presidente de la comunidad a quien realice la actividad. Y, en segundo lugar, un acuerdo de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, autorizando el ejercicio de la acción de cesación. El legislador impone así un plus para el ejercicio de esta acción dada la gravedad de las consecuencias que...

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Jurisprundencia | Los ruidos de piano y fiestas vulneran el derecho a la intimidad personal y familiar de los vecinos

Posted by on Jun 21, 2016 in Jurisprudencia |
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Jurisprundencia | Los ruidos de piano y fiestas vulneran el derecho a la intimidad personal y familiar de los vecinos

Los ruidos de piano y fiestas vulneran el derecho a la intimidad personal y familiar de los vecinos. En este caso, una comunidad de propietarios demandó a unos de sus vecinos amparándose en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal ejercitando acción de cesación de actividades molestas. La sentencia de primera instancia, que fue comfirmada por la Audiencia Provincial, declaró que los ruidos transmitidos a las viviendas de la comunidad de vecinos con motivo del funcionamiento del piano y fiestas de los demandados, constituye una inmisión ilegitima, perjudicial y nociva, vulneradora del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario a los vecinos afectados. Condena a los demandados solidariamente y a su elección a que: – Cesen de manera inmediata y de modo definitivo en las molestias por ruidos de piano que se viene produciendo desde el piso de su propiedad e impidan su uso. – Si desean continuar tocando el piano en el inmueble, se adopten las medidas de insonorización adecuadas para evitar que las inmisiones no sean civilmente excesivas y molestas para los vecinos. Sentencia Audiencia Provincial de Burgos, 05-01-2016 (Extracto) En definitiva, la comunidad de propietarios exige, con independencia de que se hubiese o no quitado el piano de la casa, un compromiso serio y definitivo del cese de las molestias procedentes del piso NUM003, compromiso que los demandados no expresaron de forma terminante , por lo que la juzgadora a quo entendió que la retirada satisfacía de forma insuficiente las pretensiones impetradas por la comunidad de propietarios en su demanda. Prohibición del uso de vivienda al propietario o terceros por actividades molestas del inquilino. En este caso, una comunidad de propietarios demandó al propietario de una vivienda y a su inquilino por el desarrollo de una actividad de prostitución en la vivienda al considerar que era contraria a los Estatutos de la comunidad y ser molesta e incómoda para el resto de vecinos. La sentencia de primera instacia, que fue confirmada por la Audiencia Provincial, se pronució en los siguientes términos: «1. Declaro que en la vivienda sita en Bilbao, DIRECCION000 nº NUM000 NUM001 NUM002, se desarrolla la actividad de prostitución, que es contraria a los Estatutos de la comunidad e incómoda y molesta para los vecinos residentes en el resto del edificio. 2. Ordeno el cese inmediato y definitivo de dicha actividad. 3. Declaro definitivamente extinguidos los derechos arrendaticios sobre dicha vivienda concedidos por su propietaria, Amelia, en favor de Fidela y de todos aquéllos que en favor de terceros traigan causa de ésta, y condeno a la demandada a su desalojo. De no realizarlo voluntariamente en el plazo de un mes se procederá a su lanzamiento en ejecucion de sentencia. 4. Condeno a la propietaria, Amelia, a la prohibición del derecho de uso de dicha vivienda, por sí o por terceros, por tiempo de doce meses. 5. Condeno a las codemandadas de forma solidaria al pago de 3.000 euros a la actora como indemnización de daños y perjuicios. 6. Se imponen las costas del procedimiento a las codemandadas.» Sentencia Audiencia Provincial de Vizcaya, 29-05-2015 (Extracto) Y que el ejercicio de la prostitución es una actividad molesta o incómoda, como lo puede ser la existencia de una consulta o academia, según las circunstancias, se deduce de la testifical analizada en la sentencia, pues de ella se infieren datos que revelan que frente al libre ejercicio de la actividad y del principio de mantenimiento de los contratos, éste debe decaer, cuando por la propia naturaleza de la actividad la perturbación es constante y continuada, incluso en horario nocturno (pensemos...

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Jurisprundencia | El Supremo confirma que los notarios no pueden anular hipotecas.

Posted by on Jun 17, 2016 in Jurisprudencia |
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Jurisprundencia | El Supremo confirma que los notarios no pueden anular hipotecas.

Los notarios no podrán denegar préstamos hipotecarios o la inscripción en el registro de alguna de las cláusulas que contengan dichos préstamos cuando no cumplan la legalidad vigente, sino que estos poderes recaen de nuevo en los Registros de la Propiedad. Así lo ha sentenciado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ha confirmado la nulidad del artículo 30.3 y 4 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios «por falta de habilitación legal para regular la competencia del control de legalidad de los notarios, que pueden denegar la autorización de los préstamos hipotecarios o la inscripción de alguna de sus cláusulas cuando no cumplan la legalidad vigente». Lo que significa que la función de controlar la legalidad de los préstamos hipotecarias vuelve a los Registros de la Propiedad. La sentencia indica que es necesaria una norma de rango legal que dé cobertura a las previsiones recogidas en los artículos 30.3 y 4 de la mencionada Orden que no solo otorga dicha función de control notarial, sino que además establece que su decisión será recurrible ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. En defensa de los consumidores. El Supremo rechaza los recursos de casación interpuestos por el abogado del Estado y el Consejo General del Notariado y ratifica el fallo dictado en su día por la Audiencia Nacional -en marzo de 2013-, que a su vez estimó el recurso interpuesto por el Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, anulando los citados preceptos. El abogado del Estado defendió en su recurso, entre otros motivos, que el notario es un funcionario público que en su tarea de dar fe conforme a las leyes tiene un deber genérico de controlar todos los documentos por él autorizados. Por su parte, el Consejo General del Notariado argumentó que los preceptos anulados no tienen como objeto introducir un control de legalidad, sino proteger a los consumidores y a los usuarios en el mercado hipotecario. Sin embargo, la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Supremo afirma que del tenor literal de los preceptos cuestionados se concluye que establecen dicho control de legalidad del notario sobre las operaciones de préstamo en las que interviene, lo que le permite denegar la autorización del mismo o de algunas de sus cláusulas. De momento no es competente. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Diego Córdoba Castroverde, considera que no se trata de cuestionar la oportunidad, procedencia o incluso la conveniencia de que el notario pueda ejercer esa función de control, sino si esta competencia está amparada o no, cuando resulte necesario, en una norma de rango legal. Así, la sentencia rechaza que los preceptos impugnados tengan cobertura legal en la Ley del Notariado, la Ley de Economía Sostenible, la Ley de Defensa de los Consumidores o la Ley de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. También concluye que corresponde al legislador, y no a un departamento ministerial determinado, la aprobación de los preceptos ahora anulados por falta de cobertura legal. Mientras desde el Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles aplauden la Sentencia del Supremo, fuentes del Consejo General del Notariado aseguran a este diario que el Alto Tribunal toma esta decisión «en base a una cuestión de carácter técnico, ya que el Alto Tribunal observa la conveniencia de que exista dicho control, si bien, lo que dice es que debería estar regulado por una norma con rango de ley. Por eso, de la misma manera que...

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Jurisprudencia | Actualidad

Posted by on Jun 8, 2016 in Jurisprudencia |
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Los propietarios de los garajes tienen derecho al uso de la piscina comunitaria salvo que en el título constitutivo o en los Estatutos se establezca lo contrario La Sala de lo Civil y Penal del TSJ Cataluña ha dictado una sentencia, S 58/2015, de 20 de julio (Rec. 157/2014, Ponente: señora Alegret Burgués), en la que, con el objeto de determinar la legalidad del acuerdo de una comunidad de vecinos que impedía el uso de la piscina comunitaria a los dueños de los  locales destinados a garaje, declara que las limitaciones a las facultades dominicales de los propietarios deba hallarse recogida en el título constitutivo de la propiedad horizontal, sin que puedan presumirse o interpretarse de manera extensiva. El Tribunal señala que no puede establecerse una doctrina general respecto de la utilización de los elementos comunes por parte de ciertos elementos privativos puesto que para resolver adecuadamente esta problemática habrá que estar en cada caso al título constitutivo de la propiedad horizontal y a sus Estatutos. Los hechos El origen de esta declaración del TSJ es el  litigio por el que se impugnaba un acuerdo comunitario que impedía el uso de la piscina y de las zonas ajardinadas a los propietarios de locales destinados a garajes. En este caso, el inmueble está conformado por dieciocho locales y treinta y tres viviendas susceptibles de aprovechamiento independiente. Los locales están destinados a garaje y se hallan situados en la planta baja. Según el título constitutivo, la piscina con todas sus instalaciones y las zonas ajardinadas que circundan el edificio son elementos comunes de la total finca, anexos a la propiedad privativa de cada uno de los departamentos que la integran. Las sentencias de instancia estimaron la demanda y el TSJ Cataluña rechaza los recursos formulados por la comunidad de propietarios. La sentencia del TSJ de Cataluña El TSJ de Cataluña señala que, conforme al título constitutivo, no se restringió ni prohibió el uso de los elementos comunes a ningún departamento. Las cuotas de participación como concreción del conjunto de derechos y deberes o de beneficios y cargas que se derivan del régimen de comunidad se establecieron únicamente en función de la superficie de los diferentes departamentos sin que, en consecuencia, se hiciese una especial contemplación, en cuanto a los locales, de un uso inferior de los elementos comunes en relación con las viviendas. En consecuencia, los locales cuyo destino es inicialmente el de garaje pero que podría ser cualquier otro permitido por las leyes, pueden utilizar todos los elementos comunes de la finca incluidas las zonas ajardinadas y la piscina pues, contrariamente a lo que considera la comunidad de propietarios es la restricción la que debe hallarse recogida en el título, sin que, consecuentemente, una limitación de las facultades dominicales pueda presumirse o interpretarse de manera extensiva. Cuestión distinta es la posibilidad de que en el Reglamento de régimen interior, la comunidad establezca reglas relativas al uso de tales elementos de modo que se impidan los abusos y no se perjudiquen los intereses comunitarios. Sin embargo, no consta que los actores hayan hecho un uso o disfrutes inadecuados de la piscina o de las zonas ajardinadas al que se refiere el art. 553-42.1 Código Civil de Cataluña, sino el uso propio de tales instalaciones. En definitiva, concluye el Tribunal, el uso de la piscina y las zonas ajardinadas por parte de los propietarios de los locales de la comunidad se infiere: a) del propio carácter de comunes de tales elementos que convierte a todas las entidades privativas en copropietarios de ellos; b) de la expresa mención que en el título existe...

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Jurisprudencia | Actualidad

Posted by on Jun 7, 2016 in Jurisprudencia |
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No pueden denegarse por la junta de propietarios unas obras que faciliten la accesibilidad a la finca de un minusválido si no son dañinas para los demás propietarios  La Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) ha estimado el recurso de los padres de una persona con discapacidad y ha declarado la obligación de una comunidad de vecinos de Gandia (Valencia) de autorizar unas obras para que esta persona pudiera utilizarla. Los hechos En este caso se solicitó licencia para instalar en el acceso a la finca una silla, brazo o elevador para minusválidos, con anclaje sencillo y no fijo, y cuyos gastos asumían los padres. La demanda, inicialmente estimada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gandia, fue rechazada por la Audiencia Provincial de Valencia con el argumento fundamental de que el acuerdo impugnado había sido válidamente adoptado por mayoría. La sentencia del Supremo La sentencia del TS dada a conocer este viernes, y de la que ha sido ponente el magistrado Xavier O’Callaghan Muñoz, resuelve la controversia analizando la especial protección que se dispensa al colectivo de discapacitados, tanto en el ordenamiento interno como en el internacional y que se proyecta sobre múltiples aspectos de su vida cotidiana. Así, y en síntesis, recuerda principios establecidos en la Constitución (artículo 49) y los Tratados internacionales (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad hecha en Nueva York en 2006), que asientan las consideraciones recogidas en la normativa especial sobre propiedad horizontal y, particularmente, en las leyes específicas de protección del discapacitado (Ley 15/95, de 30 de mayo y ley 51/2003, de 2 de diciembre). Límites a la propiedad privada en interés del derecho de los discapacitados De esta norma se desprenden, según el Supremo, unos límites a la propiedad privada en interés del derecho de los discapaces a poder usar los inmuebles en igualdad de oportunidades y sin discriminación. Estos límites legales al dominio posibilitan la supresión de barreras arquitectónicas y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad al uso de los elementos comunes de los inmuebles en propiedad horizontal, siempre que dicho uso pueda ser posible con modificaciones que, en el caso que resuelve la Sala, no se ha alegado ni probado que puedan ser inalcanzables o sumamente gravosas. En consecuencia, el carácter mayoritario del acuerdo no es motivo bastante para negar autorización a unas obras que no se había demostrado –ni siquiera alegado– que fueran perjudiciales o dañinas para los demás propietarios. De ahí que la Sala considere que la negativa a autorizar la realización de las obras que permitan dicha utilización era abusiva y contraria a la legalidad vigente. En este sentido, la sentencia recuerda que el propio artículo 10.2 de la Ley de Propiedad Horizontal exige a la Comunidad de Propietarios realizar las actuaciones y obras que sean precisas para que un discapacitado pueda hacer uso de los elementos comunes, entre los que se encuentra la piscina comunitaria. (EUROPA PRESS y Redacción)...

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